la Red Nacional de Resistencia Civil
en su Convocatoria
de modificación de las altas tarifas
Este jueves 07 de febrero de 2013 fue entregada a la Cónsul de Protección Miriam Rubinstein Derzavich en la sede del Consulado General de México en Barcelona situado en el Passeig de la Bonanova 55 de esta ciudad, una carta dirigida a la Cónsul de México en Barcelona exelentisima Sra. Norma Ang Sánchez, donde se manifestava la preocupación por la situación de afectación social imperante por los altos cobros de energía eléctrica en varias regiones de México, segín informaría "L’Adhesiva, espai detrovada i acció”
En la misiva se daría también relación de los hechos represivos que ha sufrido la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, así como un listado de sus demandas.
La principal reivindicación es la modificación de las altas tarifas eléctricas para que sean sustituidas por tarifas justas dependiendo del nivel socio-económico de la población. También la libertad de los presos y los encausados por defender durante los varios años que lleva realizándose esta protesta.
Diversos organismos internacionales como la CEPAL o la ONU han advertido de la importancia de la energía eléctrica como factor fundamental para combatir la pobreza, por ello, los altos cobros caminan en sentido contrario a la búsqueda de soluciones a este flagelo social.
La luz eléctrica, como el agua y otros servicios básicos, deben ser un derecho humano.
El texto íntegro presentado es el siguiente:
"Barcelona, 7 de febrero de 2012
A la atención de:
Cónsul encargado de México en Barcelona Secretaría de Relaciones Exteriores de México
Esta Red Nacional se ha fortalecido en todo el año 2012, en su lucha contra las altas tarifas de la energía eléctrica y como resistencias en defensa de la tierra y del territorio contra los megaproyectos impuestos por la CFE, como parte de la política privatizadora del Estado en materia de energía eléctrica.
Paralelo al fortalecimiento de la red, lamentablemente también se agudizó la represión contra las personas que reclaman éstos derechos, con operativos masivos de cortes de luz y denuncias penales en diferentes regiones del país, miembros de la red han sido golpeados, detenidos, amenazados de muerte y comunidades enteras agredidas por grupos paramilitares. Las agresiones se han agudizado en los casos de la resistencia a las termoeléctricas y al gasoducto en Morelos, Puebla y Tlaxcala y contra la resistencia al megaproyecto eólico en la zona lagunar indígena Ikojts y zapoteca en el Istmo de Oaxaca.
El pasado 29 de marzo, en el marco de una anterior movilización nacional se abrieron unas mesas de diálogo con la secretaría de gobernación, la CFE y PGR para frenar la represión; pero la Red se encontró con una obvia falta de voluntad política para resolver las situaciones generadas por la represión.
La movilización de hoy fue un acuerdo del encuentro nacional que se celebró en octubre de 2012 en el municipio de Las Choapas, en el Sur de Veracruz, donde participaron 600 delegad@s de más de 30 organizaciones de 13 estados de la República.
Desde Barcelona les acompañamos y nos sumamos a sus demandas:
- Contra la represión y criminalización de la protesta social
- Contra la política energética neoliberal
- Contra los megaproyectos y por la defensa del territorio y la autonomía
- Por unas tarifas justas de luz en función del nivel socio-económico de acuerdo a los criterios que como pueblo acuerden
- Por el acceso a la energía eléctrica como derecho humano
Defender nuestros derechos no es un delito:
Barcelona, a 7 de febrero de 2013
L’Adhesiva, espai de trobada i acció CGT Estado Español"
El acto de presentación del escrito ante el organismo oficial coincidiría con la acompaña de movilización que este mismo jueves siete se realizaría en varios puntos de la República mexicana por la Red Nacional de Resistencia Civil. En sitios como Chiapas, Oaxaca, DF, Veracruz y Chihuahua.
Debemos reseñar también aquí, el texto presentado con la misma fecha en varios organismos referentes al presente pedimento realizado en la ciudad de Barcelona. Dejamos aquí el texto integro para la valoración del mismo por parte de nuestros socios, amigos y lectores:
México, a 7 de Febrero del 2013
Comisión de Energía de la LXII legislatura
H. Congreso de la Unión
PRESENTE
A ustedes, legisladores de la comisión de energía de la LXII legislatura, que fueron electos por una fracción de los mexicanos y mexicanas como representantes populares, les dirigimos este documento como parte del gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica, de por lo menos 14 estados de la republica.
Algunas de estas organizaciones empezamos la huelga de pagos de la energía eléctrica desde 1992, cuando se dio la reforma anticonstitucional de la ley del servicio público de la energía eléctrica; otras nos sumamos en el 2002 después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica, y otras más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas tarifas ya impagables de la luz.
En el transcurso de la historia de nuestro movimiento que lleva ya más de 20 años, solo hemos encontrado oídos sordos y represión por parte del poder ejecutivo y judicial. Y el poder legislativo no es la excepción: en las legislaturas anteriores, nos han recibido en múltiples ocasiones pero no nos han escuchado en lo mínimo y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas.
Con los cargos que ustedes ostentan y los salarios y prebendas que perciben, ustedes no sienten ni en lo mínimo los sufrimientos que la enorme mayoría de mexicanos tenemos que aguantar día a día como consecuencias de las nefastas políticas privatizadoras neoliberales impuestas por sus antecesores al pueblo de México. Estas han generado, junto con la supuesta guerra contra el narcotráfico y su consecuente espiral de violencia, una situación de inconformidad y desesperación en todo el país, Es en ese contexto de profundas desigualdades económicas, de injusticia social y de exclusión, que en diferentes partes del país comienzan a darse fuertes conflictos relacionados con los altos cobros de la energía, hacia las poblaciones rurales, pueblos indígenas, pequeños empresarios, comerciantes y pueblo en general que pueden derivar a situaciones de estallido social incontrolables.
Por lo tanto, aunque ustedes no padecen los sufrimientos de nuestro pueblo, les pedimos en forma respetuosa y les aconsejamos enérgicamente que no solo nos escuchen sino que tomen en cuenta nuestras propuestas que en este documento presentamos, para sus próximas decisiones sobre el futuro del sector de la energía eléctrica en nuestro país.
1.- RENACIONALIZACION DE LA ENERGÍA ELECTRICA
Los artículos 25,27 y 28 constitucionales garantizan la exclusividad de la Nación en materia de electricidad, que la considera un área estratégica y que la misma ordena que estas áreas solamente las atienda el Estado. Sin embargo, desde 1992, durante el sexenio de Salinas de Gortari, de manera inconstitucional, el Congreso de la Unión modificó la ley del Servicio público de Energía eléctrica para dar paso a la inversión privada en esa materia. En los hechos, hasta la fecha, la comisión reguladora de Energía de los gobiernos federales pasados ha otorgado 775 permisos de generación privada a empresas transnacionales, en su mayoría españolas que son las que se benefician directamente de este negociazo de la generación de la electricidad junto con todos sus cómplices de la clase política mexicana y altos funcionarios públicos corruptos que se enriquecen vergonzosamente a costilla del sufrimiento de la inmensa mayoría de las familias mexicanas.
Más del 40 % de la generación de energía eléctrica ya está en manos privadas cuando tenemos instalaciones públicas subutilizadas y abandonadas. Y tenemos suficiente capacidad instalada para generar como Nación toda la electricidad que México requiere y más. No necesitamos las inversiones privadas que quieren imponer en nuestros territorios, como es el caso de las presas de La Parota y Paso de la Reina, las termoeléctricas y gasoductos en Huexca, Morelos, los parques eólicos como el del Istmo de Tehuantepec y otros muchísimos mas a lo largo y ancho del país. Estos proyectos, no los necesitamos como mexicanos y no los queremos en nuestros territorios donde solo vienen a generar contaminación, divisiones sociales y destrucción de nuestras culturas. Ahora quieren privatizar también la distribución de la energía a través de los medidores electrónicos en manos de empresas privadas.
PROPONEMOS Y EXIGIMOS LA RENACIONALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA como principio básico para la reforma legislativa en materia energética.
-Renacionalización de la Industria Eléctrica en el marco de la Constitución y la Soberanía Eléctrica.
· -Reapertura de nuestras instalaciones publicas
-Cancelación y Renacionalización de los inconstitucionales Permisos de Generación Eléctrica otorgados a los Privados por ser violatorias al artículo 27 constitucional y contribuir al encarecimiento de los cobros de energía eléctrica
-Cancelación y Renacionalización de los inconstitucionales Permisos de Generación Eléctrica otorgados a los Privados por ser violatorias al artículo 27 constitucional y contribuir al encarecimiento de los cobros de energía eléctrica
Alto a la privatización de la Energía Eléctrica:
· -Derogación de las reformas Salinistas que crean las figuras de Generación Privadas.
· -Prohibición a la CFE de comprar energía eléctrica de carácter privado
-Estimular proyectos de autogeneración eléctrica por las comunidades, administradas por ellas y en beneficio de las mismas -No a los medidores electrónicos privados de pre-pago
2.- DEFENSA DEL TERRITORIO Y DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Esta privatización del sector eléctrico está ligada a la imposición de megaproyectos en manos de empresas trasnacionales con capitales en los países más ricos del mundo como lo mencionábamos en el capitulo anterior, como nueva forma de colonización de nuestros territorios en estos tiempos de crisis del capitalismo mundial.
Estos países del mentado primer mundo se hicieron ricos precisamente con el robo y saqueo de nuestras tierras y de los recursos de nuestros territorios así como la esclavización y explotación de nuestros antepasados durante 3 siglos de colonia, que permitieron la emergencia del sistema capitalista dominante en todo el mundo y causa del desastre catastrófico que ahora pone en riesgo a la humanidad misma.
Y ahora dos siglos después pretenden volver a esta política colonizadora de saqueo, destrucción y explotación con sus conquistadores modernos que representan los dueños de las grandes empresas trasnacionales y sus tecnologías de muerte.
En la mayoría de los casos, pretenden imponer estos megaproyectos en territorios indígenas del país, que es donde se concentran la mayor parte de los recursos naturales que los dueños de las empresas trasnacionales y sus cómplices nacionales codician. Por todos los medios, intentan llegar a sus fines de generación de multimillonarias ganancias sin el mínimo respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de la madre naturaleza, particularmente del derecho a la consulta plasmado tanto en el convenio 169 de la OIT como en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, ambos documentos ratificados por México y por lo tanto con valor constitucional como lo estipula el art. 1 constitucional desde su reforma de Agosto 2011.
Artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”
En caso de lograr imponerse estos megaproyectos, las consecuencias dramáticas se dejan ver en muy poco tiempo, con la destrucción del territorio y de los ecosistemas y la contaminación de nuestra casa y fuente de vida que es nuestra madre naturaleza en este sufrido planeta tierra y el atmosfera que lo rodea, la afectación en la salud y en la convivencia social, la perdida de las fuentes de ingresos, la destrucción del tejido social y de las culturas originarias, entre otras. Y todos los beneficios económicos para las empresas, que no retribuyen más que en migajas limosneras a la poblaciones locales y prácticamente en nada a los municipios, estados y federación más allá de las tajadas de la corruptela.
Nosotros y nosotras como pueblos indígenas y no indígenas, decimos NO a los proyectos de destrucción y muerte, que además no necesitamos como lo mencionamos anteriormente ya que México cuenta con suficiente capacidad instalada de generación de electricidad.
POR LO TANTO, PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
-Una reforma constitucional que garantice el cumplimiento de los acuerdos de san Andrés y todos los derechos de los pueblos indígenas plasmados en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, ambos firmados por México quien por lo tanto tiene la obligación, según el art. 1 constitucional de modificar la constitución para adecuarla a los pactos internacionales firmados.
-El respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y todos los demás derechos de los pueblos indígenas
-En los territorios de los pueblos indígenas y no indígenas, donde ya de por sí, se genera electricidad, los pueblos se tendrán que ver beneficiados en los términos que ellos determinen. Y sean revisados todos los daños y consecuencias ambientales y sociales que han traído los proyectos para detener la afectación y resarcir el daño.
3.- Acceso a la energia electrica como un derecho humano
Todas y todos estamos de acuerdo en que el acceso a la luz eléctrica mejora las condiciones de vida y facilita el trabajo, en suma nos permite vivir con más dignidad. Poder contar con la energía eléctrica en su vivienda es una necesidad reconocida por todas las familias mexicanas. Nadie quiere regresar a la época del candil! Por lo tanto esta considerado como un derecho humano para garantizar una vida digna. La energía eléctrica es parte del derecho humano a una vivienda adecuada.
La ONU, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”[1]
Además que:
“Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.”[2]
El derecho a una vivienda adecuada como todos los derechos humanos, surge de la aceptación de la dignidad de cada persona y por eso el derecho a la vivienda no puede entenderse sólo como un techo dónde refugiarse... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".[3]
Los Estados que han firmado y ratificado el Pacto, como México, están comprometidos a reconocer, respetar, proteger y garantizar el derecho a una vivienda adecuada, por tanto, cuando hace cortes por las altas tarifas, está cometiendo una violación al derecho a un vivienda adecuada.
El acceso a la energía eléctrica es un derecho que se desprende del derecho a la vivienda pero quizá el gobierno respete más, si exigimos que sea un derecho humano independiente y que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua. Si se reconoce la energía eléctrica como un derecho humano, nunca a nadie más debería negársele el acceso a la energía eléctrica en su casa y ninguna autoridad tendrá el derecho de cortarle la luz a ningún hogar en territorio mexicano, violando sus necesidades más básicas.
PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
- -Que se haga la reforma constitucional que garantice el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano como parte del derecho a una vivienda digna.
- Que se deroguen los artículos de los códigos penales de los estados y federal donde se criminalice el acceso a la energía eléctrica por necesidad.
4.- Propuesta tarifaria
Posteriormente al inicio de la privatización de la energía eléctrica propiciada por la reforma de la ley del servicio público de la energía eléctrica en 1992, bajo la iniciativa de Salinas de Gortari, en materia de tarifas domesticas, un quiebre se dio en el todo el país en el sexenio de Vicente Fox, cuando el 7 de febrero de 2002, hace 11 años emitió un decreto que de un plumazo disminuyo sustancialmente el subsidio¨ a las tarifas de energía eléctrica en todo el país e impuso la tarifa ¨Domestica de Alto Consumo"(DAC).
A partir de ese momento surgieron y/o se ampliaron luchas, protestas, movimientos y huelgas de pago las cuales fueron y han sido reprimidas sistemáticamente de diferentes formas: cortes, multas, amenazas, hostigamiento, demandas penales, encarcelamiento de personas por incapacidad de pago, entre otras.
El movimiento de resistencia civil contra altas tarifas de la luz ha venido luchando a los largo de los años para que las comunidades rurales y colonias marginadas tengan acceso a la energía eléctrica, buscando las formas de restablecerla cuando la cortan y exigiendo una tarifa adecuada a nuestras posibilidades.
En este sentido se han presentado estudios desde abajo en la base social que demuestran la incapacidad de pago.
En las comunidades indígenas, donde no podemos hablar de salarios porque ni siquiera contamos con ellos y donde padecemos de niveles mayores de pobreza y peores en los índices de desarrollo humano, los recibos resultan en la mayoría de los casos totalmente impagables.
En las zonas urbanas, uno de los argumentos centrales, que no el único, ha sido el salario digno, enmarcado en el apartado sexto párrafo segundo del artículo 123 de la constitución, el cual hace referencia a lo siguiente:
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos
Estos salarios dignos no existen, ni para los que sí, reciben salarios y menos para los desempleados o los que apenas sobreviven del empleo informal!!! Los montos de los recibos de luz resultan una violación más a los derechos económicos de las familias y afectan drásticamente el nivel de vida de las familias y el acceso a otros derechos como el de la alimentación, la salud (ya que tampoco el estado garantiza nuestro derecho a la salud, la vivienda digna, la educación, la recreación, la cultura, etc.).
Y para que el acceso a la energía eléctrica sea garantizado como un derecho humano no es suficiente que la red eléctrica llegue a todas las viviendas del país (accesibilidad) sino que requiere también de que las familias tengan la capacidad de pagarla (asequibilidad).
En los últimos años, la generación de Energía eléctrica se ha diversificado en la medida que actualmente esta es generada por diferentes procesos; el que no existía en el 2009 es el de la energía eólica que, actualmente representan 1,500 MW para el país, aunado a la incorporación en el ámbito de la producción de la figura del Productor Externo de Electricidad (PEE) o productores privados.
Datos de la SENER del 2011 nos revelan que se generaron 11,499 MW de origen hidroeléctrico; 15,266 MW por Termoeléctricas, 6, 122 11 MW de ciclo combinado por la CFE y 11,907 de PEE; 2,778 duales; 2,600 MW carboeléctrica; 1,365MW nucleoeléctrica, 887 geotermoelectrica MW, 87 5 eoloeléctrica de CFE y 5 de PEE, siendo un total de 52,512 Megawats. Esta diversificación hacia procesos más modernos y quizás menos costosos, debiera traer aparejado el acceso a esta energía a un precio justo para los usuarios. Sin embargo si observamos también el siguiente cuadro observamos que los más beneficiados por el costo de la energía eléctrica, son las empresas de la gran industria, con el argumento que están creando empleos para la población mexicana, por lo que se les incentiva con el bajo costo de la energía.
Otra de las observaciones al cuadro anterior y a las tarifas establecidas en esos rubros, es que solo existe una diferenciación entre la gran y mediana industria, no obstante que gran parte de la población mexicana trabaja en pequeñas empresas industriales como tortillerías, molinos, panaderías, balconerías, entre otras, y las grandes industrias como su nombre lo indica son grandes empresas como las embotelladoras y productoras de refresco y cerveza, armadoras de automóviles, que evidentemente no tienen comparación en las ganancias que obtienen. Es el mismo caso de la tarifa comercial, que es la más alta de todas, en ese ámbito están incorporadas desde las pequeñas tiendas de abarrotes, hasta los grandes consorcios comerciales como las cadenas de tiendas Walt Mart, Aurrera, entre otras.
Ahora bien en cuanto a la tarifa domestica, también se tendría que diferenciar entre los consumidores que no tienen ingresos fijos como los campesinos y las zonas rurales e indígenas del país, con aquellos que tienen grandes percepciones ya sea en salarios o ganancias. Desde allí hay dos diferencias principales, el ámbito urbano contra el rural, y las percepciones que tienen los habitantes de cada lugar.
POR TODO ESTO PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
-Derogar completamente el sistema tarifario actual y de la Tarifa Eléctrica Domestica de Alto Consumo (DAC).
-Legislar porque se establezca un sistema tarifario plural en función del nivel socio-económico y cultural (paga más el que más tiene),
-Energía Eléctrica gratuita al consumo bimestral menor a 200 Kwh
-En las zonas indígenas, arriba de 200KW, tarifa fija para las familias viviendo en la pobreza y extrema-pobreza definida por las mismas comunidades.
-El precio de las tarifas Eléctricas deberá ser fijado por la Cámara de Diputados con la Participación de los Trabajadores del Sector Eléctrico y la Participación Social de los Ciudadanos (con una comisión de la sociedad civil, representativa de las organizaciones que han estado luchando por garantizar una tarifa social justa).
-No a la tarifa 2 en pequeños negocios.
-Tarifa preferencial para las regiones campesinas de producción por riego de bomebo y de agua potable de comunidades marginadas.
-No a los medidores electrónicos
-Cancelación de los adeudos pendientes de los Usuarios domésticos (Una vez que se legisle este sistema tarifario social justo, que el Congreso apruebe el borrón y cuenta nueva para todas las familias organizadas en el movimiento nacional de resistencia).
5.- PONER FIN A LA represión y criminalización de la lucha social
Todas las personas que luchamos de manera pacífica por el acceso de todos los hogares a la energía eléctrica y a una tarifa justa, somos defensores y defensoras de derechos humanos porque buscamos “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Artículo 1 de la Declaración de Defensores)”, particularmente el derecho a una vivienda digna.
La lucha por el acceso a la energía eléctrica y a una tarifa social justa es una lucha legítima que se inscribe en la lucha por los derechos humanos. El gobierno tiene la obligación de escuchar, atender y respetar esa lucha. La Declaración de los Derechos de los Defensores de la ONU[4] dice:
Artículo 12
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este caso, nuestra lucha es por el cumplimiento de nuestro derecho a una vivienda digna que contempla el acceso a la energía eléctrica, el cual requiere no solo de la infraestructura necesaria sino también de una tarifa social justa es decir pagable por las personas sin que afecte su acceso a las demás necesidades básicas como alimentación, salud, educación, vestimenta, etc…
Esta lucha ha sido y es una lucha pacífica, expresada a través de la resistencia en el no pago, movilizaciones, plantones, bloqueos carreteros, etc…
En el caso de los megaproyectos privatizadores, las luchas de resistencia pacificas por lograr su cancelación también se realizan conforme al derecho a la protesta y la lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, reconocidos en convenios internacionales que como lo mencionamos en el tercer apartado tienen rango constitucional.
Por ende, cada vez que se nos agrede, se nos corta la luz, se nos amenaza, encarcela, o simplemente se nos crean delitos para detener la resistencia, el gobierno está cometiendo nuevas violaciones a derechos humanos.
Y cuando hace uso de la fuerza pública para tratar de debilitar nuestros movimientos, además de violar nuestros derechos, puede provocar situaciones de estallido violento que nos afectaría a todos, pero que el mismo gobierno tendría la responsabilidad.
PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
El respeto pleno a nuestros movimientos de resistencia civil mientras se de solución a los conflictos: no más cortes de luz, no más amenazas ni intimidaciones, no más denuncias penales ni encarcelamientos, protección total a nosotros como defensores de derechos humanos, no más uso de la fuerza pública en nuestra contra, no más respaldo a grupos paramilitares y sicarios y la derogación del artículo 368 fracción II del Código Penal Federal y demás relativos que de igual manera criminalizan el acceso a la energía eléctrica.
6.- SOLUCION AL CONFLICTO DEL SME
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rechaza la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se ha consumado un nuevo golpe al estado de derecho en nuestro país. La Segunda Sala de la SCJN, acaba de pasar por encima de los derechos fundamentales de los 16,599 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El SME acudirá a presentar quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, con el propósito de alcanzar una solución justa al conflicto.
PROPONEMOS Y EXIGIMOS:
De este poder legislativo para la Solución al conflicto del SME:
Creación de una Empresa Pública con apego a los preceptos constitucionales, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que nazca financieramente sano, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica que ha venido proporcionando Luz y Fuerza del Centro en la zona central, con un servicio de calidad y con tarifas justas, que restituya el empleo a 16 599 electricistas en Resistencia, y con la titularidad del Sindicato Mexicano de Electricistas de su Contrato Colectivo de Trabajo y liberación de los presos del SME.
Estas son las demandas y exigencias de un amplio sector de la población que a lo largo y ancho del país desea de forma honesta y genuina dar solución a las diferentes problemáticas que en materia de energéticos se desprenden. Esperamos pues de ustedes el respeto a nuestra palabra y su seria atención a lo planteado.
Por lo anteriormente expuesto quedamos de ustedes.
México, 7 de febrero de 2013
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica
Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica
§ Consejo autónomo regional de la Costa de Chiapas
§ Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas)
§ Resistencia civil de Candelaria, Campeche
§ Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de luz
§ Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI; Oaxaca)
§ Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio (Oaxaca)
§ Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP, Guerrero)
§ Frente de pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos
§ Alianza Única del Valle (Estado de México)
§ Tlakaelel (DF)
§ Movimiento amplio de resistencia civil (MARC, Chihuahua)
§ Movimiento amplio de resistencia civil-Homero (MARC-Homero, Chihuahua)
§ Frente de Consumidores de Chihuahua
Alianza Mexicana por la autodeterminación de los pueblos
[1] Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[3] Ibíd. citando a la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5.
[4] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU 53/144
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