lunes, 25 de mayo de 2015

Colaboraciones


Comer con miedo
by Esther Vivas
 

  


Hay quien afirma que hay que “comer sin miedo”, que nunca en la historia de la humanidad la producción de alimentos había sido tan segura. Y es innegable el alto número de controles por los que pasa la comida en la actualidad. Sin embargo, periódicamente aparecen nuevos escándalos alimentarios, emergen enfermedades vinculadas a aquello que consumimos, vemos cómo aditivos que ayer se admitían hoy están prohibidos. ¿Nos podemos permitir comer sin miedo? Opino que no. 

Es necesario, al menos metafóricamente hablando, comer con miedo. Preguntarnos por qué comemos lo que comemos, cómo se ha producido, qué contiene, de dónde viene, a quién le interesa que sea así. Y ante tanto control alimentario, ¿qué personas están al frente? A estas preguntas responde el libro El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación? (Icaria editorial), que he publicado recientemente, destapando el lado más oscuro del sistema agrícola y alimentario. Por qué los que quieren que comamos sin miedo quieren, en definitiva, que lo hagamos con una venda en los ojos. A continuación, algunas reflexiones que encontramos en la obra El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación?


¿De dónde viene lo que comemos y por qué? 

[pag.33] Se calcula que la comida viaja de media unos 5 mil kilómetros del campo al plato, con el consiguiente menester de hidrocarburos e impacto en el medio ambiente. Estos alimentos viajeros generan casi 5 millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la agudización del cambio climático (González, 2012). 

La globalización alimentaria, en su carrera por obtener el máximo beneficio, deslocaliza la producción de alimentos, como ha hecho con tantos otros ámbitos de la economía. Produce a gran escala en los países del Sur, aprovechándose de unas condiciones laborales precarias y una legislación medioambiental casi inexistente, y vende su mercancía acá a un precio competitivo. O produce en el Norte, gracias a subvenciones agrarias en manos de grandes empresas, para después comercializar dicha mercancía subvencionada en la otra punta del planeta, vendiendo por debajo del precio de coste y haciendo la competencia desleal a la producción autóctona. Aquí reside el porqué de los alimentos kilométricos: máximo beneficio para unos pocos; máxima precariedad, pobreza y contaminación para la mayoría. 

En el año 2007, se importaron en el Estado español más de 29 millones de toneladas de alimentos, un 50% más que en 1995. Tres cuartas partes fueron cereales, preparados de cereales y piensos para la ganadería industrial, la mayor parte llegados de Europa y América Central y del Sur. Incluso comestibles típicos, como el garbanzo o el vino, los acabamos consumiendo de miles de kilómetros de distancia. El 87% de los garbanzos que comemos, por ejemplo, vienen de México, en el Estado español su cultivo ha caído en picado (González, 2012). ¿Qué sentido tiene dicho ajetreo internacional de alimentos desde un punto de vista social y medioambiental? Ninguno. 


¿Nos enferma aquello que comemos? 

[pag.159-161] Si hablamos de alimentación y salud, es necesario referirse también al negativo impacto de algunos aditivos alimentarios (aromatizantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, edulcorantes, espesantes, potenciadores del sabor, emulsionantes…) en nuestro organismo. Está claro que desde los orígenes de la comida existen métodos para conservarla, y es fundamental que así sea. Si no, ¿qué comeríamos? Pero el desarrollo de la industria alimentaria ha generalizado el uso de aditivos químicos de síntesis para adaptar la comida a las características de un mercado kilométrico (donde los alimentos viajan distancias enormes del campo al plato), consumista (potenciando el color, el sabor y el aroma de lo que comemos para hacerlo más apetecible y atractivo) y que endulza artificialmente la comida con productos que dejan mucho que desear. 

Del aspartamo y el glutamato monosódico 

No se trata de poner todos los aditivos en el mismo saco, aunque sí señalar el impacto que algunos pueden tener en nuestro organismo, en especial los aditivos sintéticos en comparación con los naturales. El libro Los aditivos alimentarios de Corinne Gouget (2008) señala en concreto a dos: el aspartamo, codificado en Europa con el número E951, y el glutamato monosódico, con el E621. 

El aspartamo es un edulcorante no calórico empleado en refrescos y comida light. Algunos estudios han apuntado a las negativas consecuencias que puede tener en nuestra salud. La Fundación Ramazzini de Oncología y Ciencias Ambientales, con sede en Italia, publicó en 2005 en la revista Environmental Health Perspectives los resultados de un exhaustivo trabajo donde, a partir de la experimentación con ratas, señalaba los posibles efectos cancerígenos del aspartamo para el consumo humano. El informe concluía que el aspartamo es un agente carcinogénico potencial, incluso con una dosis diaria de 20 miligramos por kilogramo de peso, muy por debajo de los 40 miligramos por kilogramo de peso de ingesta diaria aceptada por las autoridades sanitarias europeas (Soffritti, et al., 2006). La Fundación Ramazzin sentenciaba que era necesario revisar las directrices sobre su utilización y consumo. Sin embargo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) hizo caso omiso a dichas conclusiones y, siguiendo la pauta habitual con los informes científicos críticos, desautorizó el trabajo. No olvidemos los lazos estrechos de la EFSA con la industria alimentaria y biotecnológica y cómo, por ejemplo, su presidenta en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria es Ángela López de Sa Fernández, exdirectiva de Coca-Cola. 

El glutamato monosódico, por su parte, es un aditivo potenciador del sabor muy utilizado en fiambres, hamburguesas, mezclas de especias, sopas de sobre, salsas, patatas fritas, chucherías. Estos últimos, muy consumidos por los más pequeños. En el año 2005, el catedrático de fisiología y endocrinología experimental de la Universidad Complutense de Madrid Jesús Fernández-Tresguerres, uno de los 35 miembros de la Real Academia Nacional de Medicina, publicó en los Anales de la Real Academia Nacional de Medicina los resultados de un largo trabajo donde analizaba los efectos de la ingesta de glutamato monosódico en el control del apetito. Las conclusiones fueron demoledoras: su ingesta aumentaba el hambre y la voracidad en un 40%, e impedía el buen funcionamiento de los mecanismos inhibidores del apetito, con lo que contribuía al incremento de la obesidad y, a partir de ciertas cantidades, se consideraba que podía tener efectos tóxicos sobre el organismo (Fernández-Tresguerres, 2005). Algunos han llegado a denominar esta sustancia, informalmente, como “la nicotina de los alimentos”. 

Más allá del aspartamo y el glutamato monosódico, otros aditivos se han mostrado también perjudiciales para la salud humana y han acabado siendo retirados del mercado. En 2007, la Comisión Europea prohibió el uso del colorante rojo 2G (E128), utilizado mayoritariamente en salchichas y hamburguesas, al considerar, después de una reevaluación de la EFSA, que éste podría tener “efectos genotóxicos y carcinógenos” para las personas (Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, 2008). La anterior evaluación toxicológica se había realizado 25 años atrás. Otros estudios han señalado cómo la mezcla de algunos colorantes, a menudo utilizados en refrescos y chucherías, combinados con la ingesta de otros aditivos presentes a la vez en estos productos provocarían hiperactividad infantil. Así concluía un estudio sobre aditivos alimentarios publicado en la revista The Lancet, en 2007: “Los colores artificiales o el conservante benzoato de sodio (o ambos) en la dieta provocan un aumento de la hiperactividad en niños de 3 años y en niños de entre 8 y 9 años” (McCann, D. et al., 2007). El maravilloso y duro documental francés Nuestros hijos nos acusarán de Jean-Paul Jaud, nos recuerda, como señala su título, la responsabilidad que tenemos. 


¿Quiénes están al frente de las agencias de seguridad alimentaria? 

[pag.96-98] La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se presenta, como recoge en su página web, como “la piedra angular de la Unión Europea en la evaluación del riesgo sobre seguridad alimentaria”. La Agencia fue creada en 2002, después de una serie de escándalos, como el de las vacas locas, a finales de los años 90. Su objetivo: mejorar la seguridad alimentaria y restaurar y mantener la confianza en el suministro de alimentos. Según indica, su compromiso es el “de proporcionar asesoramiento científico independiente y objetivo”. ¿Seguro? 

Conflicto de intereses 

El Tribunal Europeo de Auditores parece no estar muy de acuerdo con dichas afirmaciones, como se desprende de su informe sobre el conflicto de intereses en determinadas agencias de la Unión, y en el que afirma que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, junto a otras tres agencias europeas auditadas, “no maneja adecuadamente las situaciones de conflicto de intereses”. Y añade que estos “riesgos de conflicto de intereses están incrustados en las estructuras de estas agencias (…) y en la dependencia de la investigación realizada por la industria” (European Court of Auditors, 2012). Más claro el agua. 

A modo de anécdota, las conclusiones del informe del Tribunal Europeo de Auditores contrastaban con las alabanzas de una evaluación, que poco tiempo antes, había realizado la auditoría privada Ernst-Young, contratada, evidentemente, por la misma Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 

Las críticas a la falta de neutralidad de la Agencia no son nuevas. Las organizaciones Corporate European Observatory y Earth Open Source publicaron en febrero del 2012, coincidiendo con el décimo aniversario de la institución, un informe que levantó ampollas. En dicho trabajo cuestionaban la independencia de la Agencia y señalaban los vínculos estrechos de sus expertos con las empresas del sector (Holland, Robinson y Harbinson, 2012). 

Y, ¿qué consecuencias tiene esto para los consumidores? Un ejemplo lo encontramos en la regulación de los productos alimentarios. Cuando una compañía quiere introducir una nueva sustancia o producto en el mercado, tiene que presentar a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y a las instituciones correspondientes de la Unión Europea un dossier sobre la valoración del riesgo de dichos productos. A petición de la Comisión, el panel científico de la Agencia examina este dossier y publica una opinión científica al respecto, a partir de la cual los representantes de los estados miembros toman una decisión. ¿Cuál es el problema? La Agencia basa sus evaluaciones principalmente en estudios llevados a cabo por la misma industria, quien espera sacar jugosos beneficios con la comercialización de dichos productos. Los informes científicos independientes no son tenidos en cuenta. En consecuencia, el mecanismo favorece sin lugar a dudas los intereses de las grandes compañías del sector en detrimento de los sociales. 

De este modo, sustancias y productos que encontramos en el mercado, como el aspartamo, un edulcorante no calórico, o el bisfenol A (BPA), en el plástico del embalaje alimentario, según informes científicos independientes afectarían de forma negativa a la salud. Estos estudios nunca han sido debidamente valorados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La situación no es nueva. Cuantos informes alabando las virtudes del tabaco financió la industria tabacalera y en la actualidad han quedado en papel mojado.