El mexicano
Miguel Ángel Hidalgo - Kolectivo Newen
Pone música a GUATEMALA:
¿El Estado en su sitio?
¿Estado de sitio?
Hoy el tema de debate y análisis es Guatemala y su realidad social. La criminalización de las resistencias indígenas y campesinas a la impunidad agrícola, extractiva y transnacional, a la luz de los últimos acontecimientos.
Lugar:
Can Batlló
Constitució, 19
Plaça de Sants L1 L5
Magòria
canbatllo.wordpress.com
Documental Estado de sitio en Santa Cruz Barillas
Charla pública “La vulneración de los derechos humanos en Guatemala”
Daniel Pascual y Mará Josefa Macz- Comité de Unidad Campesina (CUC) sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas guatemaltecas frente a los megaproyectos –mineros, hidroeléctricos, agroindutriales- en el contexto del nuevo gobierno del General Otto Pérez.
Música Miguel Ángel Hidalgo - Kolectivo Newen
Convocan:
AAPG, ACSUR, Intermón, Pbi, ODG, EdPAC, GIDHS-UPC
Recordemos el contexto de este acto transcribiendo el artículo de Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana residente en Guatemala, coeditora de la publicación feminista la Cuerda; sobre los hechos ocurridos en el municipio de Barillas, Huehuetenango, -municipio fronterizo con Chiapas, México- que publicó el pasado 31 de mayo de 2012 en
ALAI (Agencia Latinoamericana de Información) América Latina en Movimiento:
Guatemala
Estado de Sitio en Barillas tuvo un carácter racista
Rosalinda Hernández Alarcón
Varias organizaciones sociales, entre ellas, la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, afirmaron hoy en conferencia de prensa que el gobierno del militar retirado Otto Pérez ha mentido deliberadamente al negar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el municipio de Barillas, Huehuetenango, donde decretó un Estado de Sitio durante 18 días.
Juana Batzibal, quien participó en una comisión que verificó casos de violación a derechos humanos en varias comunidades de Barillas, indicó que el establecimiento del Estado de Sitio tuvo un carácter racista, ya que su propósito fue amedrentar a la población indígena que defiende su territorio, derecho colectivo reconocido nacional e internacionalmente, recalcó.
Al hacer pública esta denuncia, Carmen Reyna y Quimy De León dieron a conocer la difícil situación que están padeciendo las mujeres, cuyos esposos fueron encarcelados de manera ilegal, ya que ellas carecen de medios para alimentar a sus hijas e hijos, al igual que para poder sufragas gastos de traslado.
Catarina Juan Ramón y Rosa Domingo, al presentar su testimonio en la comunidad Las Vegas, aseguraron que sus esposos (en total hay 17 detenidos, 12 están retenidos en la capital y 5 en la ciudad de Huehuetenango) fueron capturados por particulares y no existen pruebas de diferentes cargos que les imputan: coacción, robo agravado, plagio, secuestro, incendio agraviado, entre otros.
Rosa Domingo dijo: “dónde están la evidencias, las pruebas, mi esposo trabaja en la muni, es chofer… no fueron policías los que los detuvieron, sino los hijos de Fabio Reyes”.
Otras violaciones a los derechos humanos denunciadas son: la negación de traducción para algunos detenidos que no hablan español, la confinación en centros de detención insalubres, maltratos físicos y psicológicos principalmente a mujeres durante los allanamientos, algunos realizados en horas de la madrugada.
Estas agrupaciones calificaron al Estado de Sitio como una medida desmesurada y autoritaria, dictada para resguardar los intereses de la empresa española Ecoener-Hidralia Energía que pretende construir una hidroeléctrica con motivos de exportación.
Desde 2009, los habitantes de ese municipio fronterizo con Chiapas, México, han manifestado su rechazo a ese proyecto dentro del marco legal establecido en el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero al pueblo indígena no se le toma en cuenta, resaltó Juan Batzibal.
En contraste, agregó, el jefe del Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas apoyan a la empresa extranjera, sin considerar la opinión de las y los vecinos que se oponen a que se construya una hidroeléctrica en terrenos donde se localiza un centro ceremonial q’anjob’al.
Luego de un ataque perpetrado contra tres habitantes de Barrillas y otros hechos violentos ocurridos el 1 de mayo (entre ellos, la destrucción de un hotel), y bajo el pretexto de perseguir a narcotraficantes, Pérez estableció el Estado de Sitio el uno de mayo y envió 360 efectivos del ejército y 260 elementos de la Policía Nacional Civil.
El viernes pasado, el Ministerio de Gobernación dio a conocer la detención de dos guardias de seguridad de la empresa referida como presuntos responsables de la agresión, en la que resultó muerto Andrés Pedro Miguel y heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, todos opositores a la construcción de la hidroeléctrica.
En opinión de las organizaciones sociales, la empresa en mención es la principal responsable de ese atentado así como de la situación de conflictividad que se vive en esa localidad, a raíz de la usurpación de un “lugar sagrado” de la población q’anjob’al.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el clima de tensión que aún se vive en varias comunidades de Barillas, principalmente las que se ubican cerca de donde se quiere instalar la hidroeléctrica, entre ellas: San Carlos, El Recreo y Santa Rosa,
El 6 de mayo, 600 personas suscribieron una carta dirigida al primer mandatario guatemalteco a fin de que suspendiera de inmediato el Estado de Sitio. Este día 30 la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej aseguró que si bien ya salieron algunos elementos del ejército y policíacos, todavía existe presencia innecesaria de las fuerzas de seguridad.
